La regla general es que se atribuirá el uso del domicilio familiar (a los hijos) y al cónyuge que ostente la custodia de los hijos. Se trata de una regla taxativa, que no permite interpretaciones temporales limitadoras, si bien cuenta con algunas excepciones.

Resulta de aplicación (de forma analógica) el apartado segundo del artículo 96 del Código Civil. En tal caso, el Juez resolverá lo procedente. Los criterios a tomar en consideración son:

• El interés más necesitado de protección.
• Lo que sea más conveniente para los hijos.
• Si la vivienda que constituye el domicilio familiar es privativa de uno de los cónyuges, o de ambos, o pertenece a un tercero.

En cualquier caso, con la posibilidad de imponer una limitación temporal en la atribución del uso.

La convivencia de uno de los cónyuges con una nueva pareja extingue el derecho de uso de la vivienda familiar tras el divorcio.

El presupuesto fáctico para el nacimiento de la pensión compensatoria es el desequilibrio económico que para uno de los cónyuges pueda significar la separación o el divorcio en relación con la posición del otro y que implique un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio.

Sin desequilibrio no hay pensión. Además, el desequilibrio que da lugar a la pensión debe existir en el momento de la separación o el divorcio, y los sucesos posteriores, no pueden dar lugar al nacimiento de una pensión que no se acreditaba cuando ocurrió la crisis matrimonial.

• La edad y el estado de salud.
• La cualificación profesional y las probabilidades de acceso a un empleo.
• La dedicación pasada y futura a la familia.
• La colaboración con su trabajo en las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge.
• La duración del matrimonio y de la convivencia conyugal.
• La pérdida eventual de un derecho de pensión.
• El caudal y los medios económicos y las necesidades de uno y otro cónyuge.
• Cualquier otra circunstancia relevante.

La hipoteca no se considera una carga familiar, y por tanto, tras la ruptura matrimonial, no se satisface en función de las posibilidades económicas de cada cónyuge. Se trata de una deuda contraída para la adquisición de un inmueble, que debe satisfacerse por quienes ostentan el título de dominio sobre el mismo, de acuerdo con lo estipulado con la entidad bancaria, y ello con independencia de si su disfrute es otorgado a un concreto copropietario.

Si una de las partes tuviera que pagar la deuda hipotecaria de manera proporcional a los ingresos, provocaría un enriquecimiento sin causa en la otra parte. Si el bien era ganancial corresponderá a ambos cónyuges por mitad y, producida la enajenación de la vivienda, el precio obtenido corresponderá a ambos también por mitad. Y ello porque la titularidad no se ve afectada o alterada por la mayor o menor participación en el pago de la deuda hipotecaria.