El Tribunal Supremo ha emitido una sentencia que establece la necesidad de realizar una inspección interior en las tasaciones de inmuebles durante los procedimientos tributarios. Esta decisión, tomada el 17 de septiembre de 2025, aborda un caso en el que se cuestionó la validez de un dictamen pericial que solo consideró la evaluación exterior de los bienes.

Contexto del caso

El caso se originó cuando cuatro hermanos aportaron varios locales a una sociedad mercantil, invocando el régimen especial de neutralidad fiscal estipulado en los artículos 83 a 96 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Sin embargo, la Administración tributaria rechazó esta aplicación y procedió a regularizar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de los comuneros, basándose en un dictamen pericial que utilizó datos catastrales y registrales, sin realizar una inspección interior de los inmuebles.

Cuestión jurídica planteada

La cuestión central del recurso de casación fue determinar si, conforme al artículo 57.1.e de la Ley General Tributaria, la motivación del dictamen pericial requiere la inspección ocular del interior de los inmuebles, o si es suficiente con la evaluación exterior y la toma de fotografías. Además, se buscaba aclarar el alcance de los artículos 158.3 y 160 del Reglamento General de las actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria, que regulan la metodología de las valoraciones administrativas.

Doctrina fijada por el Supremo

El Tribunal Supremo ha establecido que, como regla general, la comprobación de valores mediante dictamen pericial debe incluir una inspección tanto del exterior como del interior del inmueble. La única excepción a esta obligación se da cuando el perito justifica de manera expresa y razonada la imposibilidad o innecesariedad de realizar la visita interior, como podría ser el caso de una negativa documentada de acceso.

La sentencia subraya que la carga de demostrar el valor aplicado recae en la Administración, de acuerdo con el artículo 114.1 de la Ley General Tributaria, y que la motivación debe ser individualizada, conforme al artículo 160.3.c del Reglamento General de las actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria. Además, se hace referencia a jurisprudencia previa que ya exigía la comprobación interior, salvo causas justificadas.

Consecuencias

La decisión del Tribunal Supremo implica la nulidad de la liquidación y de la sanción impuesta, así como la anulación de la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central y de la sentencia de la Audiencia Nacional que habían validado la valoración basada únicamente en la visita exterior.